Existe un amplio acuerdo entre observadores políticos dentro y fuera del Brasil en que la victoria electoral de Luiz Inácio «Lula» da Silva en su cuarta tentativa, se debió básicamente a que el gobierno de ocho años de Fernando Henrique Cardoso (considerado por muchos de los mismos observadores como el mejor que haya tenido el país) no consiguió traducir la estabilización económica en crecimiento y mayor equidad social.
Para ser más preciso: que las exitosas reformas monetaria y fiscal quedaron incompletas ante la ausencia de la tributaria y provisional, y que ello impidió «desencadenar » la economía y liberarla de las exorbitantes tasas de interés, necesarias para mantener la inflación y la deuda pública bajo control. El bloqueo opositor de la propia base parlamentaria del Gobierno a reformas fundamentales había impedido la liberación de los recursos necesarios para fomentar el crecimiento, crear empleo y ampliar los programas sociales.
Por su parte observadores más críticos, y también el discurso del Partido de los Trabajadores (PT) y la Central Única de Trabajadores (CUT), calificaron de rotundo fracaso al gobierno de Cardoso por haber seguido ciegamente las recetas neoliberales del Consenso de Washington, y por haberse subordinado a los mandamientos del Fondo Monetario Internacional. Según ellos, el Gobierno lesionaba los intereses del país, llevaba la economía nacional a la ruina y, sobre todo, condenaba la población a la pobreza.
Por su parte observadores más críticos, y también el discurso del Partido de los Trabajadores (PT) y la Central Única de Trabajadores (CUT), calificaron de rotundo fracaso al gobierno de Cardoso por haber seguido ciegamente las recetas neoliberales del Consenso de Washington, y por haberse subordinado a los mandamientos del Fondo Monetario Internacional. Según ellos, el Gobierno lesionaba los intereses del país, llevaba la economía nacional a la ruina y, sobre todo, condenaba la población a la pobreza.
Quienes criticaron la gestión de Cardoso desde esta última perspectiva –un amplio arco de la izquierda tradicional, críticos de la globalización y movimientos sociales – ven ahora que el gobierno de Lula, ex-obrero metalúrgico, ex-sindicalista y fundador del mayor partido de la izquierda latinoamericana, parece definir los problemas estructurales y coyunturales del Brasil de una manera muy similar a como lo había hecho su antecesor, y lo que es aún peor, receta la misma medicina para resolverlos: superávit primario, control de la inflación, disciplina fiscal y la urgencia de las reformas del sistema de pensiones y tributario. Tal vez pareciera que la opinión pública brasileña no necesita aprender un nuevo vocabulario, dice el sociólogo alemán, Joachim Knoop en su trabajo
El nuevo presidente, habiéndose comprometido a «ordenar las finanzas públicas y mantenerlas bajo control», el Gobierno enfrenta el mismo desafío que el anterior: llevar adelante las reformas del sistema de pensiones y del sistema tributario, críticas tanto por su peso en términos fiscales como por las injusticias y distorsiones en juego. Durante los ocho años del gobierno de Cardoso estas reformas se consideraban fundamentales para completar la estabilización económica y sentar las bases para el tan necesitado crecimiento. Recuérdese que el Brasil había vivido después de la década perdida de los años 80, otra similar durante los 90 con tasas de crecimiento insuficientes para aumentar el ingreso por habitante e inferiores al aumento poblacional en algunas regiones.
A pesar de las reformas realizadas durante el gobierno de Cardoso, el sistema previsional aún tiene mucho peso en el déficit presupuestario y es demasiado generoso con algunos y sobre todo injusto con la mayoría de los pensionados. Jueces, militares y funcionarios públicos son privilegiados con pensiones tempranas y elevadas, mientras que los jubilados del sector privado ganan pensiones ínfimas. Vastas capas de la población no tienen ningún tipo de cobertura. Por su parte, el sistema tributario adolece de fallas estructurales, gravámenes acumulativos y cargas que inciden sobre la producción y las exportaciones; una serie de contribuciones con carácter impositivo lo convierten en uno de los factores que más impiden la reactivación económica y el crecimiento. La carga tributaria alcanzará 36% en 2003, superior a la de varios países industrializados con ingresos por habitante más altos.
En suma, objetivos de Lula: reducir el impacto fiscal del sistema previsional, modernizar el tributario y transformar a ambos en sistemas socialmente más justos. De ello se derivan dos cuestiones fundamentales. La primera, cuál es la estrategia para concretar exitosamente estas reformas; y la segunda, más importante, si una vez realizadas estas y otras reformas que en principio (no en sus detalles) son ampliamente consensuadas, existirán condiciones suficientes para que el nuevo gobierno inicie aquellas transformaciones estructurales que constituyen el núcleo de la propuesta del PT: una sociedad justa sin pobreza.
MARTA
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